Nuestro sistema democrático se encuentra construido en base a derechos y obligaciones. No obstante, como planteó en una ocasión Eugenio María de Hostos, el ejercicio de esas libertades fundamentales se encuentra condicionado por el inicio del derecho de los terceros, que tienen igualmente prerrogativas que no pueden ser alteradas. Precisamente en ese delicado equilibrio se basa el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la honra y privacidad de las personas.

A pesar de los juicios un tanto desbordados de algunos comunicadores que han planteado lo contrario, nuestro país disfruta de una libertad de expresión amplia y hasta demasiado flexible. El ejercicio de comunicación en la mayor parte de los medios no pasaría una prueba de objetividad y sustentación bajo el estándar de la mayor parte de los países. Y aunque esa extensiva libertad se asocia directamente a la consolidación democrática y al Estado de Derecho, no debe confundirse con una licencia ilimitada que procure una comunicación que resulte infamante, injuriosa o irresponsable.

Ahora bien, esa ya conocida laxitud en nuestro quehacer comunicacional se ve actualmente mancillado aún más por las persistentes denuncias y situaciones relacionadas con casos de espionaje, que van desde intervenciones ilegales telefónicas hasta intervención de cuentas de correo electrónico. Los casos recientes que han afectado a miembros del PLD y PRD reflejan que se trata de una práctica enraizada y extendida que atropella la intimidad y la honra de muchos dirigentes políticos, y que contamina de forma nociva el ejercicio político en el país.

La erradicación de la práctica intervencionista, conocida desde hace tiempo por todos, incluso con nombres y apellidos, debería constituir una causa común para partidos, empresarios y sociedad civil. No sólo se trata de una afrenta directa a derechos fundamentales de los individuos, sino que crea círculos viciosos de espionaje destructivo que al final de cuenta no benefició a ninguno de sus usuarios. Ojalá que la actual coyuntura sirva para poner coto a una odiosa situación en la que ha faltado voluntad de actuación de todos los gobiernos.