¿Qué trascendencia tiene el apagón analógico que dará paso a la implantación de la televisión digital en el año 2015, cinco décadas después del inicio de las transmisiones terrestres convencionales de televisión abierta en el país? Sin duda que para un presidente como Leonel Fernández, que le ha tocado pilotar el cambio tecnológico de la sociedad dominicana, se trata de rescatar el tiempo perdido en la agenda global para impulsar la actualización de nuestros medios de comunicación, a la vez que se contribuirá con un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico mediante la liberación de frecuencias que podrán ser utilizadas para otros servicios de telecomunicaciones, como telefonía móvil, radiodifusión, redes wifi o satélites.

La transmisión de señales digitales de televisión multiplica el número de emisoras análogas, de forma que por el espacio que ocupa un canal convencional pueden viajar hasta cuatro digitales gracias a un sistema que comprime las señales, pero también se logra una sustancial mejora en nitidez y brillo de la imagen y del sonido.

En República Dominicana los medios de comunicación han experimentado un gran avance gracias al sistema de libertad de expresión que impera, no obstante, desde el punto de vista tecnológico, la radio y la televisión son la Cenicienta del dinámico y cambiante mundo de las telecomunicaciones.

Ese regazo se explica en el hecho de que la Ley General de Telecomunicaciones (Ley 153-98) es diametralmente opuesta a su predecesora, la Ley 118, que creaba la Dirección de Telecomunicaciones como una dependencia de la Secretaría de Obras Públicas y que estaba esencialmente dirigida a la radio y la televisión.

Al presidente Fernández le correspondió en 1998 aprobar y poner en funcionamiento el nuevo marco regulador de las telecomunicaciones que instituyó el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) como ente rector, y creó un contexto jurídico que permitió zanjar viejas y profundas diferencias entre los actores del sistema de telecomunicaciones, con lo cual se puso fin a la discrecionalidad, la falta de transparencia y la politiquería en el otorgamiento de las concesiones y licencias a los operadores privados.

Ese nuevo marco jurídico impulsó el crecimiento del sector, al punto de que en los últimos 15 años se ha convertido en uno de los principales receptores de inversión extranjera, con un aporte sostenido al Productor Interno Bruto promediado en un 20 por ciento. Claro, todo no ha sido color de rosa, aún tenemos grandes claroscuros en el sector: la gran masa de la telefonía se concentra en el llamado “cinturón dorado”, cinco o seis provincias (Santo Domingo, Santiago, Romana, Puerto Plata, Distrito Nacional y Espaillat), la cobertura de Internet sigue siendo limitada (entre el 23 y el 28 por ciento de la población) y proyectos como el del servicio universal que llevaría telefonía a las empobrecidas comunidades rurales, han sido guardados en el baúl del Indotel en estos últimos seis años.

Empero, el hecho de que se retome la agenda con el tema de la televisión digital nos pone en el punto de partida de una estrategia de mediano y largo plazo para renovar el impulso con tecnología de punta de nuestras telecomunicaciones.

Esta estrategia de reposicionamiento tecnológico será complementada con el paquete de reformas estructurales del marco jurídico de la comunicación que se apresta a someter al Congreso el mandatario y que incluye una Ley de Audiovisuales destinada a llenar el vacío en términos de contenidos que ha dejado la Ley General de Telecomunicaciones.

De manera que aspectos como las cartas de programación, los horarios especiales para la transmisión de programas para adultos, la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia y la réplica que garantiza el pluralismo de ideas en televisión serán materia de esta nueva legislación.

Por ahora, retomar la agenda del apagón analógico nos garantiza un futuro promisorio para nuestros medios electrónicos y en pocos años estaremos hablando de la aparición de canales temáticos en los canales abiertos, así como de una mayor segmentación de los contenidos y fragmentación de las audiencias que hará más competitiva nuestra televisión y beneficiará la calidad informativa de los ciudadanos.

Para eso hay que definir tempranamente el criterio con que se utilizará la futura disponibilidad de banda ancha a que dará origen la transmisión digital de las señales de televisión.

Es decir, si esa disponibilidad se usará para concederle más cobertura a canales locales, regionales o provinciales, o si, por el contrario, servirá para seguir expandiendo los servicios de tercera generación (3G) de nuestro mercado de telecomunicaciones.

Asimismo, hay que tomar en consideración los desafíos que se le presentan a las televisiones locales y provinciales en un mercado de mayor competitividad como el digital, sobre todo porque en República Dominicana aún tenemos el problema de la “alegalidad” de muchos de los operadores de televisión en las provincias, lo que podría dar origen al fenómeno que se conoce como la “burbuja audiovisual”.

El modelo adoptado tendrá que definir prioridades en el amplio espectro de la tecnología digital, de manera que, por ejemplo, no se hace necesario que se obligue a los operadores de canales a transmitir en alta definición (HDTV), sino que esa debe ser una potestad de los propios concesionarios privados para ser más competitivos, ya que la mayoría de los televisores del mercado dominicano no están preparados para recibir esa tecnología.

En otros países lo que se ha hecho es incorporar descodificadores a los televisores análogos o antenas colectivas.

De esos sistemas los más básicos solo sirven para descodificar la señal digital, mientras que otras modalidades permiten grabar, reproducir programas y hasta recibir servicios interactivos.

Pero, muy al margen de estas cuestiones técnicas, hay que concluir que el inicio de la agenda de la televisión digital en República Dominicana representa un tremendo “plus” para la modernización de nuestros medios de comunicación y una muestra más del salto tecnológico que ha promovido Leonel Fernández en su década de gobierno.

El autor es abogado y periodista.