La Secretaría de Estado de Cultura y la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine, Inc. (ADOCINE) se encuentran actualmente enfrentadas por la estructura institucional  que debe regir el desarrollo de la cinematografía en el país, a propósito del anteproyecto de Ley para el Fomento de la Actividad Cinematográfica, mejor conocida como Ley de Cine. La Secretaría de Estado de Cultura  propugna por la integración de un Consejo Interinstitucional para la Promoción de la Actividad Cinematográfica en la República Dominicana (CIPAC), presidido por el Secretario de Estado de Cultura y que administraría un Fondo de Promoción Cinematográfica (FONPROCINE) y por el otorgamiento de las funciones de una Comisión Fílmica a la Dirección Nacional de Cine (DINAC).

El CIPAC, en el anteproyecto elaborado por la Secretaría,  resultaría un ente sin personalidad jurídica y de carácter no permanente, que aglutinaría a sus integrantes según las particulares necesidades del sector, previstas entre sus atribuciones. El Instituto Dominicano de Cine (INDOCINE), propuesto por ADOCINE, sería por el contrario una entidad descentralizada, con autonomía funcional, jurisdiccional y financiera, patrimonio propio y personalidad jurídica, que se orientaría a la promoción y regulación de la actividad cinematográfica. En su propuesta de modificación al anteproyecto de Cultura, ADOCINE desea que el INDOCINE asuma las funciones de la DINAC, que tenga bajo su tutela a la Cinemateca Dominicana y que, aun cuando el Secretario de Estado de Cultura figure como presidente de su Consejo Directivo, el INDOCINE tenga la exclusividad en la formulación de la política estatal en materia de cinematografía, con exclusión de la Secretaría de Estado de Cultura y el Consejo Nacional de Cultura. No es de extrañar pues que la Secretaría de Estado de Cultura, con las atribuciones que le otorga la Ley No.41-00 en lo referente a las industrias culturales, no vea con buenos ojos esta fórmula institucional que, irónicamente, figuró en el programa de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana para el período 1996-2000, en forma paralela a la existencia de una Secretaría de Estado de Cultura. Entonces se proponía crear “un instituto de comunicación visual orientado al fomento de la cinematografía nacional, el video y la gráfica, para el rescate y conservación de las imágenes propias de nuestra historia” (Dore Cabral, Carlos y Hernández Medina, Esther “Un proyecto de nación ñ Propuestas elaboradas por la sociedad dominicana”, Presidencia de la República, Santo Domingo, 1998, p.381 y 397).     

Edwin Harvey, autorizada voz en materia de legislación cultural, al analizar la que llama “descentralización plena” de la administración pública cultural, concluye en que la creación de un órgano descentralizado obedece a cuatro objetivos claves: libertad de acción, política autónoma, planes específicos y presupuesto adecuado (Harvey, Edwin “Acción cultural de los poderes públicos”, OEA, Ediciones De Palma, Buenos Aires, 1980, p.88). ADOCINE, al formular su propuesta de modificación al anteproyecto de Ley de Cine que cursa en las cámaras legislativas, ha considerado justamente esos presupuestos básicos, entendiendo que sin independencia, recursos suficientes y una orientación programática específica, la cinematografía nacional no alcanzará niveles que le permitan ser competitiva frente a industrias audiovisuales de otras latitudes.

La protección, fomento, desarrollo y difusión de la cinematografía y la obra cinematográfica nacional son de importancia fundamental para la preservación de la cultura y la defensa de la identidad nacionales. Por tanto, el  perfil institucional que mejor ajuste a su sana promoción, fomento e impulso, es el que debe ser acogido por el Congreso Nacional. Esperamos que así sea.