Los escarceos han quedado atrás. El debate serio para definir el futuro de 12 millones de personas que trabajan en Estados Unidos sin documentos migratorios empieza esta semana en el senado y demanda convenir en tres elementos fundamentales.

Un inevitable reforzamiento de la seguridad fronteriza, que empezaría con la duplicación del número de agentes de la patrulla fronteriza y continuaría con la construcción de un número mayor de obstáculos en la frontera sur.

La necesidad de imponer sanciones a los patrones que den trabajo a los indocumentados. La amenaza no es nueva lo novedoso sería que esta vez fuera puesta en vigor. En la ley Simpson-Rodino de 1986 se incluyó una disposición semejante aunque más diluida por la presión del sector privado, se usó de forma esporádica y no surtió ningún efecto.

El tercer elemento es la legalización o amnistía de los indocumentados. Es  importante aclarar que la legalización no puede  plantearse sin proponer al mismo tiempo algún tipo de castigo a quienes cruzaron ilegalmente la frontera pues lo que está en juego es la preservación del estado de derecho. Recompensar a quien violó la ley otorgándole un status legal a cambio de nada es imposible y menos si así rebasan la larga fila de personas que optaron por solicitar una visa de trabajo.

El tema central del debate este año es qué hacer con los indocumentados y cómo hacerlo. Ahora, como bien ha señalado el director ejecutivo del National Immigration Forum, Frank Sharry, “lo que importa son los detalles de la política migratoria y esos, todavía no los conocemos.”

Lo que sí sabemos es que si se logra llegar a un compromiso político y la ley plantea términos y plazos realistas, el beneficio que obtendrían millones de personas sería enorme. Los favorecidos podrían vivir con el anhelado sosiego de saber que ya no quedan obstáculos legales para cumplir cabalmente las metas personales que no pudieron cumplir en su país de origen y esperan completar acá.

Utilizando como guía los elementos centrales del proyecto de ley bipartisano que el senado discutirá esta semana, podrían quedar legalizados quienes ingresaron al país antes de enero de 2007. Donde el liderazgo latino debería hacer sentir su poder político es encabezando la lucha para que las multas que tendrían que pagar los beneficiarios no resulten demasiado onerosas y peleando porque la obligada salida de los jefes de familia para regularizar su situación migratoria sea, si acaso, una breve salida al país de origen para cumplir con el trámite.

Otro asunto mayor es la propuesta para relegar a un segundo plano la política de reunificación familiar y optar por un sistema meritorio que privilegiaría las destrezas de los solicitantes. El cambio alteraría una igualitaria tradición centenaria de abrazar a los inmigrantes sin importar sus ingresos, habilidades o educación.

Menos claro es el futuro del programa de trabajadores huéspedes que no contempla otorgarles la posibilidad de la residencia permanente. Aunque esta es una reivindicación importante para la comunidad latina en Estados Unidos, es difícil reconciliar la idea de darle permanencia a un programa temporal. Por otro lado, si el programa funciona salvaguardando los derechos laborales de los trabajadores, no sería malo reestablecer la circularidad que caracterizaba el flujo migratorio anterior y que permitía que los trabajadores acumularan un pequeño capital trabajando temporalmente en EE UU para regresar a sus países de origen con mayores probabilidades de éxito.