Baltasar Garzón fue condenado ayer jueves por extralimitarse en sus funciones durante la investigación de una trama corrupta y quedó oficialmente apartado de la carrera judicial durante los próximos 11 años, completando una espectacular caída en desgracia del juez más famoso de España.

En una sentencia de 70 folios, el Tribunal Supremo enterró prácticamente el futuro profesional del hombre que puso contra las cuerdas al dictador chileno Augusto Pinochet.

El Supremo dijo que las decisiones que le han costado la condena al jurista fueron propias de “regímenes totalitarios”. Garzón consideró que el fallo sólo busca acabar con él y anunció que agotará las vías legales de recurso.

Desde el Tribunal Constitucional en España hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en Francia, donde el proceso podría alargarse durante años.

“He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas”, dijo Garzón a través de un comunicado. “Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados”, añadió.

Misiva María Garzón, hija del magistrado, hizo llegar una carta a los medios de comunicación dirigida a supuestos enemigos de su padre, sin mencionarlos, en la que advirtió “nos han tocado, pero no hundido... hoy brindarán con champán, pero nosotros lo haremos juntos, cada noche, porque sabemos que mi padre es inocente”.

Unas 500 personas se concentraron a última hora de la tarde en la céntrica Puerta del Sol de Madrid en apoyo de Garzón, luciendo carteles en los que mayoritariamente se podía leer “vergu¨enza”.

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EL CASO “GÜRTEL” DESTAPÓ UNA TRAMA
Baltazar Garzón, de 56 años, fue hallado culpable del delito de prevaricación -dictar a sabiendas una resolución injusta- por su rol en el llamado caso “Gu¨rtel” que destapó una trama corrupta en la administración pública y salpicó a las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid. En 2009, Garzón ordenó grabar las conversaciones entre varios acusados de la trama y sus abogados en prisión.

La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.