BRASILIA.- Aliados del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tomaron sorpresivamente la iniciativa e hicieron ayer miércoles un pedido de creación de una comisión especial del Senado que investigue los polémicos gastos con tarjetas corporativas oficiales.

“Esto no es una maniobra ni una cortina de humo. ¿La oposición no quería investigar? Entonces investiguemos”, dijo el autor del pedido, Romero Jucá, líder de la bancada oficialista en el Senado.

Según Jucá, “el gobierno no tiene miedo. Pienso que una Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) es innecesaria ahora, pero no vamos a escapar de ese embate”. El pedido fue presentado con 32 firmas de apoyo, cinco más del mínimo necesario, informaron asesores del senador.

Sin embargo, el pedido de Jucá es que la CPI investigue el uso de las tarjetas corporativas oficiales desde su implementación, en 2001, durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2003).

En tanto, en la Cámara de Diputados, el líder del bloque oficialista, Henrique Fontana, aseguró que el gobierno decidió impulsar la CPI, pues la oposición dejó claro que apenas quería afectar a Lula.

“Querían crear un escenario acusatorio contra el presidente”, dijo Fontana, quien destacó que el gobierno presionará por la creación de esa comisión especial en el Senado, donde ni siquiera tiene mayoría.

Fontana señaló que el propio Lula fue quien sugirió la iniciativa “para no permitir que la oposición monte un verdadero carnaval”.

Ayer miércoles, los partidos de oposición habían comenzado a articular un pedido de una CPI mixta, con senadores y diputados, pero fueron tomados de sorpresa por el pedido de Jucá en el Senado.

Según el senador Demóstenes Torres, del opositor Demócratas, “se trata de una maniobra clara, sin la menor duda. Viendo que sería feo impedir la investigación, el gobierno ahora hace una CPI genérica para que todo termine en nada”.

Las tarjetas oficiales están en el ojo de una tormenta política después de que la Controladuría General de la Unión (CGU) informó gastos oficiales por 78 millones de reales (unos 44 millones de dólares) en 2007.

El escándalo ya le costó el puesto a la Ministra de Igualdad Racial, Matilde Ribeiro.