El papel de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las recientes elecciones en la República Dominicana (mayo 20, 2010), confirma la noción ya generalizada de que tales misiones equivocan el foco de su observación; y que por lo tanto van perdiendo relevancia como uno de los principales instrumentos con que cuenta la organización y su Carta Democrática Interamericana para promover y defender la democracia en sus estados miembros.  

La función de una MOE es observar el comportamiento de todos los protagonistas del proceso electoral, así como su organización y administración, para constatar su correspondencia con las normas electorales vigentes en el país donde se observa.  Si bien la MOE no debe interferir en los asuntos internos del Estado observado, sí tiene la inevitable responsabilidad de contribuir al fortalecimiento del proceso electoral y por ende a la consolidación de la democracia. Ello implica que  debe encontrar un delicado equilibrio entre la injerencia y la irrelevancia, y por ello debe actuar con prudencia y oportunamente para ayudar a generar un ambiente de transparencia, equidad, imparcialidad e integridad del proceso electoral, que contribuya a la credibilidad y legitimidad del mismo.

En el caso de la República Dominicana, la Misión llegó al país unos pocos días antes de los comicios. Sus 71 observadores monitorearon la votación y el funcionamiento del sistema en un número representativo de centros de votación, logrando también una certera proyección de resultados (mal llamado “conteo rápido”). En su comunicado post-electoral concluyó correctamente que, en general,  los comicios estuvieron bien organizados y que la gente votó con tranquilidad en un ambiente de relativa seguridad y paz.  También identificó irregularidades y vacios como, entre otras,  la compra de cédulas por todos los contendientes y la falta de reglamentación  sobre “el uso de recursos públicos, financiamiento y acceso equitativo de las candidaturas a los medios de comunicación.”

Como es costumbre, la Misión recomendó “establecer claros límites a la duración de las campañas político-electorales así como generar mecanismos efectivos de control y límite al financiamiento y gasto durante las mismas;” “crear las condiciones para garantizar un acceso equitativo de todos los actores de la contienda a los medios de comunicación;” y aprobar “el proyecto de ley orgánica del régimen electoral.” Hasta aquí todo bien.

Democracia e instituciones
Lo expresado es válido pero no suficiente para contribuir al fortalecimiento de las instituciones electorales y la democracia. Hoy día en América Latina, irregularidades significativas del proceso electoral ya no pasan por el día de los comicios, y por eso, como en varias otras misiones recientes, el foco de la observación fue equivocado. Las irregularidades que alteran o erosionan los principios fundamentales de equidad e imparcialidad son “estructurales”, ocurren mucho antes del día de los comicios y  condicionan el proceso a favor de uno u otro candidato, usualmente el oficialista. Ignorarlas es convalidar malas prácticas que erosionan la democracia.

Para ser  relevante, una Misión no puede concentrarse solamente en lo que pasa la semana previa  o el día de las elecciones. En la Republica Dominicana, la MOE llegó demasiado tarde y no se pronunció oportunamente, antes de los comicios, sobre aspectos  “estructurales” que distorsionaron  significativamente el  proceso electoral a favor del candidato del gobierno. No lo hizo, por ejemplo, sobre el uso y abuso de recursos  públicos  en la campaña del candidato del gobierno. Esta práctica,  que viola  estándares  internacionales sobre elecciones justas y libres estipuladas en la Carta Democrática, fue notoria, pública y documentada ampliamente por la organización Participación Ciudadana  --además de haber sido identificada en los informes de observaciones electorales de 2004, 2008 y 2010.

Gastos de campaña
No es un secreto para nadie el impacto directo que tiene en los resultados electorales el gasto de campaña y cómo aumentan las probabilidades de triunfo con un mayor financiamiento de las mismas. Esto, agregado al mayor gasto en programas sociales y la inauguración de obras públicas con fines proselitistas, afectó negativamente la calidad del proceso electoral.  

Por otro lado, los partidos de oposición cuestionaban también la composición y parcialidad oficialista de la Junta Central Electoral, su obstaculización de la observación nacional de Participación Ciudadana, y su prohibición de alianzas electorales a favor del principal partido de oposición.  

La MOE no puede alegar que  desconocía tales irregularidades. La Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA tiene una unidad de análisis que sigue los procesos políticos en los países miembros. Además se había realizado una misión preparatoria,  se había prestado asistencia técnica para el padrón electoral y se contaba con los informes mencionados. Tampoco vale argüir que sólo puede informar sobre lo visto durante su breve estadía, como ocurrió con la cuestionada reciente observación electoral en Nicaragua (noviembre 2011), donde el gobierno de Ortega, con la complicidad de la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral, violó la constitución nacional para permitir su reelección. Con ese argumento,  mejor  no llegar.

El punto es que identificar irregularidades y hacer  recomendaciones para corregirlas, después de los comicios, resulta irrelevante para contribuir al perfeccionamiento del proceso electoral. También lo será el informe que se presentará al Consejo Permanente de la  OEA uno o dos meses más tarde, ya que  futuras  misiones no le darán seguimiento adecuado, como ha ocurrido con los informes de las elecciones previas.  Este enfoque  le resta valor a las MOEs como instrumento para apoyar a la democracia en el continente. La democracia no es sólo elecciones bien organizadas el día de los comicios.

Las MOEs recuperarían su relevancia, modificando su enfoque. Ello implica, entre otros:  a) llegar con suficiente antelación para observar y conocer el comportamiento de los protagonistas durante todo o la mayor parte del proceso político electoral --no sólo la semana anterior a los comicios; b) darle seguimiento a  sus propios informes sobre previas elecciones  que identifican serias deficiencias del proceso electoral y recomiendan su corrección; c) pronunciarse antes del  día de los comicios en caso que observe irregularidades que pudiesen afectar la integridad y legitimidad de los mismos, y así poder contribuir a su corrección o disminución, como sucedió con las misiones  en Venezuela en 2000 y 2006 y Perú en 2000; y Guatemala en 2003;  d) permanecer por lo menos 5 días posterior a los comicios en caso que haya cuestionamientos serios o no reconocimiento por parte de la o las candidaturas perdedoras;  d) tener la presencia del Secretario General a partir del día anterior a los comicios, particularmente en elecciones presidenciales de alta y tensa competitividad. Su presencia podría contribuir a disminuir tensiones y manejar  exitosamente crisis post electorales.