La Liga Dominicana de Asociaciones Consumeristas (LIDACON) mostró ayer su beneplácito por el fallo emitido por el Tribunal Superior Administrativo mediante el cual se rechaza la solicitud de suspender, mediante una medida cautelar, la resolución administrativa mediante la cual el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) multó a una envasadora de gas licuado de petróleo (GLP) por estafar a sus clientes.

A juicio de Rafael Peguero, presidente de la LIDACON, “con esta decisión judicial los consumidores dominicanos están ayer de pláceme porque una vez más se han impuesto las justas decisiones del organismo oficial que está llamado a defender sus intereses, por lo que la voracidad de los proveedores de bienes y servicios, que siempre habían impuesto su voluntad mediante su poder económico, ha fallado y recibido el peso de la Ley 350-05 de Protección a los Derechos del Consumidor fallado”.

Al referirse a la sentencia 015-2012 de fecha 13 de abril y dada este martes por la juez Yadira De Moya Kunhard, presidente del Tribunal Superior Administrativo, el dirigente comunitario argumentó que dicho tribunal reconoció el derecho que le otorga la Ley 358-05 a Pro Consumidor de sancionar a las envasadoras que cometen irregularidades en la venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) contra la población, y que con ello se sienta jurisprudencia en materia administrativa a favor de los consumidores y de Pro Consumidor.

Finalmente, Peguero señaló que “la justa penalización de los agiotistas, los especuladores y los acaparadores ha sido siempre la principal aspiración de los representantes de los consumidores y usuarios, por lo que esperamos que continúe la aplicación del buen derecho por parte del Poder Judicial a través de los tribunales de la República, como un justo respaldo a la buena labor que está desarrollando la licenciada Altagracia Paulino en beneficio de la ciudadanía al frente de Pro Consumidor, sobre todo de los menos favorecidos de la fortuna que por primera vez empiezan a sentir el amparo oficial”.