La preocupación social que provoca la violencia y la criminalidad ha suscitado diversos proyectos y propuestas para enfrentar la situación por parte de distintos sectores sociales, pero aún las autoridades no han definido una política de Estado integral y adecuada que responda a esta urgente necesidad.

La celebración de una “cumbre nacional contra el crimen y la delincuencia”, con el propósito de estructurar a largo plazo un Plan Nacional por la Seguridad Ciudadana, se encuentra entre las últimas propuestas entregadas al presidente Leonel Fernández.

Un equipo de ex embajadores ante las Naciones Unidas, encabezados por el actual embajador dominicano en Cuba, José Manuel Castillo, sustentan esta nueva propuesta, que tiene tres componentes básicos: la capacitación permanente de recursos humanos, con énfasis en adolescentes y jóvenes; la creación de un código especial contra el crimen complejo, y el desarme nacional de la población civil.

Tanto el embajador Castillo, como los demás diplomáticos, trabajaron en la Comisión Global sobre Políticas de Drogas y Crimen Organizado de la ONU, que integran, además, los ex presidentes César Gaviria, de Colombia; Fernando Cardoso, de Brasil, y Ernesto Zedillo, de México.

Entre los puntos fundamentales de la propuesta se destacan la tipificación del asesinato, sicariato, estupro, secuestro y otros delitos graves como crímenes complejos, y plantean que debe reformarse la ley para que estos crímenes sean penalizados con 50 años de cárcel, sin derecho a fianza ni atenuantes, mediante la creación de un código especial.  

Según la propuesta, el Poder Ejecutivo como líder de los poderes del Estado, debe auspiciar en coordinación con los poderes Legislativo, Judicial y Municipal, y las fuerzas vivas de la nación, la ejecución de un plan nacional de capacitación de recursos humanos y seguridad ciudadana, que permita definir una política de Estado en este sentido.

Drogas y crimen en RD
El tráfico de estupefacientes y la impunidad, unidos a otros factores de carácter social es la hoguera que enciende el crimen común en la República Dominicana, lo cual se revela en encuestas realizadas en la región, que además han establecido “por primera vez de manera científica la estrecha relación que existe entre la comisión de delitos de mayor connotación social y el consumo de drogas”.

Según el embajador Castillo, aunque el desempleo bajó de 19.5% a 15.2% en el presente gobierno, el ocio es particularmente alto en los suburbios donde viven jóvenes con muy bajos niveles de calificación laboral para tener acceso al mercado de trabajo.

En la propuesta se critica el sistema judicial dominicano, el cual dice que es débil y regido por un Código Procesal Penal garantista de la libertad del presunto criminal, que no se corresponde con el nivel de subdesarrollo en materia de investigación criminológica, lo que se traduce en perjuicio de la buena administración de justicia y seguridad ciudadana.

Al proponer un desarme total de la población civil, los diplomáticos recuerdan que Interior y Policía en los últimos quince años ha dejado en manos de particulares unas 300 mil armas, entre legales, amparadas en formulario 25 e ilegales.

Manifestaron su asombro por la facilidad con que se puede adquirir un arma en cualquier armería, sin previo requisito, y de contrabando. Las armerías realizan todos los trámites concernientes a la calificación de los interesados en comprar un arma, sin la intervención del Estado.

La presencia de una nueva modalidad de delincuencia con signos de violencia criminal muy apuntalados, se suman al fenómeno del crimen organizado, como consecuencia del auge del tráfico de drogas y armas en la República Dominicana.

Continuidad del Estado
“Todo esto se suma a las limitaciones seculares de un sistema que no garantiza la continuidad del Estado en la aplicación de buenas políticas para adecentar y garantizar una vida más promisoria que alcance a las grandes mayorías”.

En este sentido se hace impostergable la implementación de un plan nacional integral para reducir a cenizas el crimen en todas sus manifestaciones.

¿Qué hacer para combatir la descarnada delincuencia en el país y garantizar mayor seguridad ciudadana?, se preguntó el embajador Castillo. Para responder su pregunta, explica que hay que reconocer que el gobierno del presidente Fernández hace esfuerzos para combatir el flagelo de la delincuencia y el crimen organizado, que tiene su máxima expresión en la implementación del Programa Seguridad Democratica, cuyo principal componente es “Barrio Seguro”.

A este plan se suma el esfuerzo de persecución de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General de República, pero “hay que romper con el enfoque únicamente policial de un asunto tan grave para la paz social”.

En los últimos años se han introducido cambios cualitativos en materia de la aplicación de la ley 36 que, consiste en diferir entre los ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a porte de armas y los que sólo tienen derecho a tenencia.

Estas medidas son importantes, y están dirigidas a contribuir a bajar el índice de criminalidad. Sin embargo, es evidente que, a la luz de los acontecimientos en materia de seguridad ciudadana, es necesario profundizar aun más para alcanzar el noble ideal de vivir en paz.

Desde inicio de la década que concluye, la inseguridad ha venido tomando cuerpo en la región latinoamericana y caribeña, producto del incremento del crimen común y organizado.

La primera causa fundamental, es la baja educación; la segunda es el desempleo, que se destaca como una causa importante de la inseguridad ciudadana; y la tercera causa es la desarticulación de la familia, que tiene una gran incidencia en la delincuencia juvenil.

Se  revela que si la familia funciona bien y respeta los códigos éticos, y es ejemplo de conducta cotidiana con su adecuada tutoría a los jóvenes con amor y dedicación, se traduce en una prevención de la criminalidad.

CÓDIGO ESPECIAL PARA CRÍMENES COMPLEJOS
El código especial contra el crimen complejo deberá castigar ejemplarmente sin atenuantes, ni fianzas, a todos los que cometan crímenes complejos vinculados a asesinatos, secuestros, sicariato, narcotráfico, violación de menores, atracos y robos con violencia, feminicidio, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, estupro, tráfico de órganos humanos y de personas.

Además de la modificación de las leyes penales para aplicar un mayor castigo contra crímenes horrendos y criminales incorregibles, en el país debe estructurarse un plan donde confluyan instituciones determinantes en la sociedad, que cuente con la participación del Estado, el poder municipal, el sector empresarial, las iglesias, las organizaciones comunitarias y los medios de comunicación, según el planteamiento.

Millones de jóvenes constituyen un gran ejército de desocupados, han desertado del sistema educativo, por pobreza, y ahora se estima que el 25 por ciento de los jóvenes latinoamericanos está fuera del mercado de trabajo, convirtiéndose así, por su estado de desesperación, en entes vulnerables y carne de cañón para el crimen organizado.

Conforme a estudio realizado, la desarticulación de la familia tiene una gran incidencia en la delincuencia juvenil. Se revela que, si la familia funciona bien y respeta los códigos éticos, y es ejemplo de conducta cotidiana con su adecuada tutoría a los jóvenes con amor y dedicación, se traduce en una prevención de la criminalidad. En efecto, en diversos países (como Estados Unidos, Brasil y Uruguay) los estudios muestran que dos tercios de los delincuentes jóvenes vienen de familias desarticuladas.

Otro elemento determinante lo constituye la injusticia social, considerada una de las causas principales de la violencia en América Latina.

Donde el Estado no puede prevenir el crimen; el crimen organizado asume el control de la sociedad en áreas donde éste es incapaz de asistirle, particularmente en comunidades empobrecidas.

Varios estudios revelan en los últimos años la existencia de una epidemia en la región, la subida del crimen y la violencia ha impuesto costes sociales significativos y ha hecho mucho más difíciles los procesos económicos y de desarrollo social, consolidación democrática e integración regional en América.

Plantean, además, una reforma policial definitiva, que coloque a los agentes al servicio de la ley.