El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, criticó “la cantidad exagerada de nombramientos de viceministros, secretarios de Estado, asesores y asistentes del Poder Ejecutivo”, y destacó que tal actitud es violatoria de la Constitución de la República.

Al referirse a un trabajo periodístico publicado por el LISTÍN DIARIO sobre la existencia de 325 viceministros en 20 dependencias públicas, Castaños Guzmán enfatizó que “uno de los avances más importantes incorporados en la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 es la racionalización de la administración pública”.

Consignó que por primera vez se reconocen una serie de principios fundamentales, como son la eficacia, la economía, la necesidad o la coordinación que deberán servir de parámetros para la reorganización de la administración pública y la consiguiente disminución de altos puestos públicos carentes de funciones precisas para el despacho de los asuntos de gobierno.

Explicó que la Constitución es tajante al reafirmar el principio de legalidad como base de la estructuración de los altos cargos de la administración pública.

Dispone que sólo pueden ostentar la categoría de ministros aquellos altos funcionarios que dirijan los ministerios creados por ley.

“En la Fundación Institucionalidad y Justicia consideramos que la Constitución no permite designar ‘ministros sin carteras’ ni otorgar el ‘rango de ministros’ a funcionarios que dirijan dependencias públicas que no sean ministerios.

Otro aspecto importante es que la Constitución limita el cargo de los viceministros conforme el principio de la ‘necesidad institucional’ y, por tanto, no pueden atribuirse el cargo de viceministros a personas que desempeñarán funciones que no hayan sido establecidas por ley”, dijo.

Estimó que importantes instituciones nacionales han manifestado su preocupación por el nombramiento de esos funcionarios debido a que reflejan una contradicción con la necesidad expresada de transparencia y austeridad en el manejo del Estado, ya que, a su decir, se percibe que dichas designaciones responden a esquemas propios del clientelismo político que éticamente es indeseable y merece la repulsa colectiva.

En declaración escrita enviada a esta redacción, explicó que es consciente de que el Presidente de la República pudiera requerir el apoyo de funcionarios de confianza, de menor jerarquía que los ministros, para realizar tareas de gobierno que no colindan con las funciones asignadas legalmente a los ministerios.