Aunque cada cuatro años el Senado elige una nueva Junta Central Electoral (JCE), se ha constituido en una costumbre que varios de sus miembros sean ratificados en los puestos, y en otros casos, ha nombrado a personas que anteriormente pertenecían a la institución.

Esa ha sido la práctica en la integración de la JCE en los últimos 10 años.

Se recuerda que para el período 2002-2006, el Senado confirmó a tres jueces en sus cargos, incluyendo al presidente, Manuel Ramón Morel Cerda, quien había sido designado en 1998. Junto con él, también fueron ratificados los miembros Luis Arias y Salvador Ramos.

Para la actual gestión, 2006- 2010 fue ratificado en la JCE el presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario, quien perteneció a la Junta anterior, pero como miembro de la Cámara Contenciosa Electoral.

Para ese mismo período, el Senado seleccionó a dos abogados que habían formado parte de anteriores administraciones de la JCE, a Julio César Castaños Guzmán, actual presidente, y a la jueza Aura Celeste Fernández.

En esta oportunidad, aunque los jueces públicamente no hablan de si quieren o no repetir en los cargos, ha trascendido que la mayoría aspira a ser ratificado.

Mientras tanto, se mantienen sin hablar mucho. Pese a que anteriormente eran bastante elocuentes, al menos algunos, ahora se mantienen en perfil bajo, sin dar declaraciones.

Al parecer se cuidan de entrar en conflictos entre ellos o con los sectores que pueden respaldarlos para que continúen en la posición.

Dan la impresión de mantener una relación armoniosa entre sí, por lo menos en las últimas actividades que han participado. Se observa que los magistrados tratan de no entorpecer cualquier gestión que les garantice mantenerse en el puesto.

MODIFICACIÓN DE LA ACTUAL ESTRUCTURA
Con la designación de los nuevos jueces de la JCE comienza un nuevo período con el que quedará modificada la actual estructura interna y se extiende su mandato por dos años más, porque serán escogidos por seis años, hasta el 2016, en vez de cuatro como han sido las anteriores.

La razón se debe a que la Constitución establece un período de seis años de manera transitoria.

La modificación de la Constitución puso fin a la unicidad que había mantenido desde el 2003 la administración del proceso electoral con lo contencioso electoral. Aunque ambos eran responsabilidad de cámaras separadas, una administrativa y otra contenciosa, pertenecían las dos a un mismo órgano llamado Pleno de la JCE.