Santo Domingo.- Organizaciones y personalidades de diferentes sectores que integran el Movimiento Ambiental Dominicano expresaron ayer su indignación por la decisión de la Asamblea Revisora de eliminar varios de los derechos ambientales que fueron aprobados en primera lectura, tras haber sido consensuados y presentados a los asambleístas vía la Comisión Ambiental del Senado.

“Lamentamos profundamente que nuestros legisladores en esta Asamblea Revisora hayan preferido defender intereses personales, empresariales y políticos por encima del sagrado interés de la nación”, declararon los ambientalistas durante una rueda de prensa realizada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Los ecologistas consideran que la actitud de los asambleístas de eliminar el libre acceso a las playas del país y todo su litoral costero marino, el acceso a las fuentes de agua y el derecho al desarrollo de los recursos genéticos y de los valores paisajísticos, constituye “una burla al pueblo que los eligió”.

Además de denunciar la actitud de los legisladores, los ecologistas atribuyen responsabilidad a lo que llaman el “Pacto Fernández-Vargas”, por considerar que más que servir a los intereses de las grandes mayorías en el orden ambiental, lo que hace es negar los derechos que legítimamente corresponden a cada ciudadano.

Entienden que el acuerdo, además de negar conquistas que el sector había logrado, también convierte al país en incumplidor de los compromisos asumidos a través de importantes convenios internacionales aprobados por el Congreso Nacional. Citaron que entre esos convenios que se incumplen está uno sobre diversidad biológica y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, además de que el país renuncia al cumplimiento de una parte de los Objetivos del Milenio.

Más rechazos
El Movimiento Ambiental Progresista (MAP), que coordina el ingeniero Paíno Abreu Collado y que cuenta con más de 400 miembros en todas las provincias del país, esperaba que los legisladores aprobaran el artículo 13 del proyecto de Constitución sobre los Recursos Hídricos del país tal y como se leyó en la primera lectura, pues con ello le darían rango constitucional a lo que ya establece la ley 64-00 sobre recursos sostenibles.

“Lo que tiene que hacer el Estado es adoptar las medidas necesarias para que no se corrompa el uso público, para que no se prostituya;  lo que no se puede permitir es el desorden y el tigueraje en las playas y es responsabilidad del Estado adoptar las medidas para evitarlo”, dijo Paíno Abreu a LISTÍN DIARIO.

El también administrador del Banco Agrícola expresó que los hoteleros e inversionistas conocen las disposiciones de la Ley 64-00 y saben que no pueden apropiarse de los espacios públicos, tal y como se prohíbe en otros países. Lo que ha pasado, entiende, es que en diversos momentos las autoridades correspondientes han permitido que se violen los derechos ciudadanos sobre el acceso de la población a lugares públicos.

PLAYAS, RÍOS Y LA PROPIEDAD PRIVADA
Para Paíno Abreu, el acceso de la población a las playas no obstruye el desarrollo turístico. “Una playa no se puede inventar ni fabricar, pero hay gente que quiere hacer el desarrollo turístico para que el turista salga de la cama a la playa”, sostuvo.

Parte del artículo aprobado por la Asamblea Revisora al respecto dice: “...los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el derecho a la propiedad privada”.