PUERTO JUANITA, Montecristi.- El cielo medio nublado presagia lluvia en esta parte de la Cordillera Septentrional, pero nada inquieta a Jorge Ulloa, un experto del Museo del Hombre Dominicano (MHD) que examina vestigios precolombinos del más reciente e importante hallazgo arqueológico reportado en República Dominicana.

Hay cerca de cien montículos esparcidos en la cima de una colina bautizada como Julio Martínez y en cada uno de ellos, sin escarbar mucho en la tierra húmeda, Ulloa va encontrando vasijas de barro, conchas marinas, ceniza y otros restos que confirman que alguna vez hace más de quinientos años, una población numerosa se asentó en este lugar ubicado a muy pocos kilómetros del Atlántico.

Pero en los alrededores, el arqueólogo del MHD descubre también rastros de un visitante más reciente: fogones apagados de excavadores furtivos que destruyen el patrimonio arqueológico y que sustentan un negocio millonario del que públicamente se habla muy poco.

“El lugar está siendo saqueado”, dijo Ulloa a LISTÍN DIARIO, mientras muestra lastimosamente la huella devastadora dejada por los “huaqueros” (nombre que se da a los saqueadores de yacimientos arqueológicos) en cada metro cuadrado de la colina en la que el Museo del Hombre Dominicano y la Universidad La Sapienza, de Roma, llevan a cabo estudios al igual que en otros 35 sitios registrados hasta ahora entre Puerto Plata y Montecristi.

Los resultados de la investigación podrían confirmar la coexistencia de taínos y macoriges, dos de las culturas indígenas más importantes de la época anterior a la llegada de los españoles, y permitirá elaborar un mapa de prospección arqueológica de toda la región, que permitirá contribuir al rescate arqueológico del lugar del impacto del desarrollo turístico y de los propios saqueadores.

Hasta 10 mil pesos
“Son personas que cuando no tienen trabajo se van a los yacimientos y los saquean para vender las piezas que encuentran. Por una ollita (precolombina) pagan hasta diez mil pesos”, asegura Adriano Rivera, natural de Imbert, un jubilado del magisterio a quien le apasiona la arqueología y que tiene el mérito de haber dado a conocer a las autoridades los lugares que hoy están siendo investigados.

Quien paga a los “huaqueros” es por lo general un intermediario que luego vende la pieza a un coleccionista local, a veces hasta veinte veces más de lo que dio por ella, e incluso multiplica sus ganancias dependiendo de su estado de conservación y de si se trata de un objeto valiosísimo o de gran demanda en el país o en el mercado negro fuera de las fronteras dominicanas.

Una vez en manos del coleccionista la pieza cobra un valor que con el paso de los años se vuelve incalculable.

“La Cucama, La Caleta, Boca Chica y Juan Dolio (todos sitios ricos en yacimientos arqueológicos, de casi el centenar que existe en el país) fueron saqueados en algún momento. Muchas piezas importantes están en colecciones privadas”, comenta Ulloa, para quien la expoliación de estos lugares se da básicamente porque existe un mercado que lo demanda.

Protección patrimonial
Lourdes Camilo de Cuello, subsecretaria de Patrimonio Cultural, explicó a LISTÍN DIARIO que el artículo 47 de la Ley No. 41-00, que creó la Secretaría de Cultura, establece que el Estado, a través de esta institución, “protegerá el patrimonio cultural de la nación y tomará todas las disposiciones necesarias para efectuar una evaluación de la situación actual del patrimonio, creará los mecanismos adecuados para evitar su dispersión y establecerá una política de préstamo y de recuperación de los bienes ya prestados”.

“Desde el punto de vista de la actualización de la legislación, Cultura ha propuesto el proyecto de ‘Ley para la protección, salvaguarda y fomento del patrimonio cultural de la nación’. Asimismo ha aprobado el Reglamento de Museos y ha elaborado el Reglamento para Investigaciones Arqueológicas; la ley el último reglamento están siendo sometidos a consulta entre distintas instituciones y personas”, dijo Camilo.

Pero al parecer, en la Cordillera Septentrional, al igual que en el resto del país y a través de los años, las leyes han tenido poco efecto.

“Yo los trato de convencer de que lo que hacen está mal”, dice Rivera, el arqueólogo aficionado que junto con Ulloa, y sus colegas italianos de La Sapienza, Petrucci Giovanni, Alicia Angeletti y Alfredo Coppa trabaja entre el macizo montañoso y la costa bañada por el Atlántico.

Hasta allí llegaron los arqueólogos en julio del 2007, tomando como punto de referencia el trabajo de Ramón Pané, monje catalán que acompañó a Colón en su segundo viaje y que escribió por encargo del Almirante la “Relación acerca de las antigüedades de los indios”.

Trabajo sistemático
“Según sus descripciones la zona correspondería a lo que él en su crónica denominó el Macorís de Arriba. Esta apreciación de manera documental ya había sido referida por otros  investigadores como Bernardo Vega, Marcio Veloz  Maggiolo y otros autores, pero no se había realizado un trabajo arqueológico sistemático en la zona que probara la intensidad y extensión de la ocupación macorige en esa región”, explicó el arqueólogo del Museo del Hombre Dominicano.

En algunos de esos 35 sitios registrados hasta el momento, en municipios y parajes como Estero Hondo, Puerto Juanita (también conocido como Estero Balsa) y Punta Rucia (sic), los investigadores han encontrado importantes vestigios y hasta osamentas pertenecientes a antiguos pobladores de la isla.

Pero el lugar más rico por la cantidad de montículos (basureros -algunos de más de metro y medio de profundidad- que cada familia indígena amontonaba al lado de sus viviendas) es definitivamente Julio Martínez.

Por eso Ulloa se preocupa tanto ante la destrucción que provocan los saqueadores y traficantes de piezas arqueológicas. “El problema no es jurídico o legal, es un problema de conciencia, de entender que se trata de la historia del país”, reclama el arqueólogo.

¿Hay alguna forma de detenerlos? Camilo de Cuello, subdirectora de Patrimonio Cultural, cree que sí: fortaleciendo la legislación, aprobando la ley y reglamentos en proceso, y dando seguimiento a la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales” de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) incorporada a la legislación nacional en 1972.

“También aumentando los controles en inventarios; ampliando la educación del personal en aduanas, aeropuertos y puertos, y fortaleciendo la prevención y difusión”, dijo Camilo.