SANTO DOMINGO.- El fiscal del Distrito Nacional reveló que el 80 por ciento de las muertes violentas que se reportan en la Capital son producidas por armas de fuego, en su mayoría portadas de manera legal.

José Manuel Hernández Peguero considera que por esa razón se deben reforzar los requisitos exigidos para otorgar los permisos de porte y tenencia de armas de fuego.

Reveló que las fiscalías barriales han despojado de sus armas de fuego a más de 200 hombres por amenazas o agresiones contra sus parejas, las cuales son incautadas y sólo son devueltas si lo decide un juez.

El representante del MInisterio Público habló tras la firma de un acuerdo de la Fiscalía con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) para impartir el diplomando “Resolución Alternativa de Conflictos en el Ámbito Social”.

El diplomado está dirigido a 30 mediadores de las fiscalías barriales  que tienen la misión de evitar que muchos casos lleguen hasta los tribunales.

La universidad estuvo representada por su rector Manuel Escala y un equipo de profesores de esa academia.

El fiscal dijo que el propósito es instaurar una cultura de paz en todos los sectores bajo su jurisdicción.

Afirmó que la solución voluntaria de conflictos a través de procesos alternativos es más duradera que lo que se logra en un tribunal o por un juez.

“Nuestra meta es que el próximo año, en cada fiscalía barrial exista un centro de mediación de conflictos”, añadió.

El diplomado
Escala y Hernández Peguero explicaron que en cumplimiento al acuerdo que suscribieron ambas entidades, el diplomado tendrá una duración de 60 horas presenciales y será impartido a partir del próximo viernes a mediadores que fueron seleccionados luego de una evaluación académica y psicológica.

Hernández Peguero valoró la experiencia que resulta de la participación  de los dirigentes comunitarios en su rol de mediadores en las fiscalías barriales, logrando que conflictos que sólo podían ser solucionados en los tribunales, con la desventaja del costo y el tiempo, ahora se resuelvan de inmediato, reduciendo el impacto psicológico que sufre la víctima, a través de psicólogos y profesionales de la conducta que le asisten, gracias a la política de atención que dispone el Ministerio Público.

Destacó las consecuencias positivas de la mediación penal en la solución del conflicto, al permitirle a la víctima del delito una reparación inmediata del daño recibido.