Es necesario que los Estados apliquen políticas públicas que impulsen los mercados financieros rurales,  y la incorporación al sistema financiero formal de los campesinos,  junto a las pequeñas y medianas industrias del sector.

A esta conclusión llegó la reunión ordinaria de la asamblea general de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (Alide) en su cita 42, en la que se hicieron recomendaciones sobre financiamiento agrícola y rural y su impacto en la economía.

El documento emanado del encuentro sugiere definir las prioridades nacionales para la seguridad alimentaria en la región, vía el aumento de la productividad y competitividad e incrementando el financiamiento en tecnología.

Las entidades latinoamericanas de financiamiento recomendaron alcanzar la mejor canalización de los fondos públicos, al margen de todo tipo de interferencia para que los bancos de desarrollo fijen tasas de interés que además de asegurarles una sana gestión, permitan la eficaz asignación de recursos.

También la asamblea, según el documento que recoge las conclusiones, consideró necesario movilizar capitales hacia la innovación tecnológica, los cambios de cultivos y la adaptación de nuevas variedades,  al tiempo que se promueva la demanda de servicios en el campo sobre la base de la creación de valor agregado.

“Nuestros países igualmente deben propiciar sistemas de cobertura de precios, y de ventas de la producción a un precio determinado con anterioridad a la cosecha. Impulsar también el desarrollo de bolsas agropecuarias, asociaciones productivas, fideicomiso especializado; así como garantías y gestión de contingencias agrícolas ante catástrofes, con seguros agropecuarios de participación mixta, pública y privada,  que permitan primas especiales para los pequeños productores, de acuerdo con las recomendaciones formuladas”, detalla el documento.

En ese aspecto, explica, se considera asimismo necesario desterrar la idea de las condonaciones de deuda existente todavía en la mente de algunos líderes de América Latina, pues en los casos en que se justifique otorgar ayuda, lo recomendable es acudir a recursos especiales o del presupuesto nacional,  que no descapitalicen a las instituciones financieras aunque se otorguen mayores plazos para el saldo de la deuda.

Señala que la inversión en tecnología, en mecanismos de alerta temprana como las estaciones meteorológicas, son también de las recomendaciones para prevenir contingencias en la agricultura.

Otras observaciones sugieren alianza con instituciones financieras y de diversa índole que apoyen al usuario del crédito rural, y considerar la incorporación de estímulos a la banca comercial privada para compensar los costos operativos del servicio al sector agropecuario.

Recomendaciones:
En general la asamblea de Alide estimó que el apoyo al sector rural debe tener un enfoque integral abarcador de múltiples aspectos además del crédito y seguros, como alfabetización financiera y ambiental, mecanismos de cobertura e información; y para diversificar el riesgo, financiar actividades rurales no agrícolas con las formas de pago apropiadas.

En la 42 reunión ordinaria de la asamblea general de Alide,  efectuada en Quito, Ecuador, República Dominicana estuvo representada por Paíno Abreu Collado, administrador general del Banco Agrícola; su asistente Rafael Moreno Reyna, y Roberto Payano Bonilla, subgerente del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV). La ministra coordinadora de la política económica de Ecuador representó al presidente Rafael Correa en la asamblea encabezada por María Soledad Barrera, quien fue electa a unanimidad tras ser propuesta por el delegado de Colombia, secundado por Paíno Abreu Collado con la sugerencia de que se le escogiera por aclamación.

El cónclave contó con la participación de representantes de 23 naciones latinoamericanas, Alemania, China, España, India, Rusia, Suecia, y organismos internacionales entre los que se cuenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).