La Fundación por los Derechos del Consumidor (Fundecom) recordó que desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de enero de 2012, la deuda por las horas de apagones no justificados que tienen las distribuidoras eléctricas con los usuarios del servicio, llegó a RD$95,630 millones, según proyecciones hechas por esa organización a partir de un estudio realizado por el Instituto de Energía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sobre energía no servida.

Destaca que esa deuda, que en franca violación a las más elementales normas contables no aparece registrada en los libros de las tres distribuidoras, no es mencionada por las autoridades eléctricas ni por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a los cuales solo les interesan las deudas que presentan los generadores eléctricos, amparados en su mayor parte por contratos que considera ilegales e inconstitucionales.

Fundecom considera que si la Superintendencia de Electricidad (SIE) hubiese obligado a la primera distribuidora eléctrica que dio un apagón a reembolsarle el 150% del costo del mismo, como manda el párrafo II del artículo 93 de la Ley 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, general de electricidad, ahí mismo hubiesen terminado los apagones y “no tendríamos la pesada carga que constituye el subsidio eléctrico, que básicamente se dedica a cubrir la ineficiencia de las distribuidoras eléctricas”.

La organización de defensa de los derechos de consumidores y usuarios llamó a los candidatos a la Presidencia a incluir en sus programas de gobierno el cumplimiento estricto de la ley 125-01, para que se licite públicamente la compra de energía eléctrica.