SANTO DOMINGO.- El pago de tasas, arbitrios y tributos municipales a las empresas de servicios de telecomunicaciones ha destapado un impasse entre los ayuntamientos y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) y todo indica que podría ser la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la que tendrá que decidir en los casos donde no se logre un consenso entre las partes.

El director ejecutivo del Indotel, José Alfredo Rizek, reveló que las empresas de servicios de telecomunicaciones han recibido facturas que sobrepasan de los RD$10 millones, así como también han tenido que detener trabajos de ampliación de redes y otros proyectos tendentes a mejorar la calidad del servicio que llevan a sus clientes.

En conversación con LISTÍN DIARIO, el funcionario informó que los ayuntamientos estarían provocando serias dificultades a las empresas de telecomunicaciones, ya que no en muchos casos no han podido terminar proyectos de colocación de redes, postes o torres, a través de los cuales mejorarían su infraestructura.

Las situaciones más críticas, aseguró Rizek, se han presentado con los ayuntamientos de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Consuelo, en San Pedro de Macorís; Las Matas de Farfán, provincia San Juan; y Cutupú, en La Vega, entre otros. Mientras que la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) aseguró que los ayuntamientos tienen el derecho de cobrar impuestos a cualquier empresa, incluyendo las de telecomunicaciones, según lo establece la ley 176-07.

Por está razón, descalificaron las acusaciones del Indotel, sobre el cobro excesivo a estás compañías y la violación de la legislación 153-98. El director ejecutivo de Fedomu, Víctor José D’ Aza, afirmó que ningún cabildo del país demanda impuestos exesivos a las telecomunicaciones y que estos costos que les piden lo hacen conforme a lo que establece la Ley de Municipios, que según él elimina el carácter nacional de los impuestos hacía las telecomunicaciones y les otorga a los cabildos autonomía financiera.

Aseguró también que la independencia económica, expuesta en el artículo 284, establece que los ayuntamientos tienen el derecho de imponer tasas a las empresas que aprovechan el suelo, subsuelo o el espacio correspondiente a las vías públicas. Este costo o impuesto es equivalente al 3% de los ingresos brutos que obtengan estas compañías provenientes de la zona donde estén ubicados los artefactos.

El impasse se ha generado entre los ayuntamientos y el Indotel porque las autoridades del organismo regulador entienden que cualquier tributo al sector de las telecomunicaciones tiene carácter nacional, por lo que municipios no están en capacidad legal para hacerlo.

Entre las situaciones que se han dados, además de la paralización de proyectos de cableados, colocación de postes y torres, está la incautación de vehículos y otros instrumentos de trabajo de las empresas de telecomunicaciones. Los informes dan cuenta que la práctica ha puesto en peligro el desarrollo y crecimiento de proyectos en todo el país.

El Indotel, a través de un documento público, señala que ha venido siguiendo “con profunda preocupación los intentos de algunos ayuntamientos de imponer el pago de arbitrios, tasas y tributos a las empresas de servicios de telecomunicaciones, por el despliegue de sus redes y la instalación de torres y antenas”. “Las telecomunicaciones son de jurisdicción nacional, por consiguiente, los impuestos, tasas, contribuciones y derechos serán aplicables a nivel nacional.

No podrán dictarse normas especiales que limiten, impidan u obstruyan la instalación de los servicios de telecomunicaciones, salvo las que provengan de la aplicación de la presente ley”, establece el artículo 4 de la legislación. Como lo afirma el Indotel, la ley de Organización Municipal 176-07 no faculta a los ayuntamientos a colocar ningún tipo de tasa o tributo.

El artículo 274, que trata sobre los principios, establece que los arbitrios que establezcan los ayuntamientos, no colindarán con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal o de exportación, ni con la Constitución o las leyes de la República. “Manifestamos nuestras más serias reservas en torno a las acciones coactivas que han ejercido algunos ayuntamientos contra empresas del sector de las telecomunicaciones, con la alegada finalidad de ejercer presiones tendentes al cobro de tasas contrarias a la ley”, sostiene el Indotel.

DAÑOS
El director ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Víctor D´Aza, consideró que las empresas de telecomunicaciones deben resarcir los municipios por los daños que ocasionan con la colocación de los postes y las antenas.

D´Aza afirmó que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) no posee carácter local y que los ayuntamientos sí, por lo que los cabildos son los más indicados para recibir parte de los ingresos que generan mensualmente estás compañías.

Explicó que de esta forma los cabildos pueden aumentar ingresos y realizar obras públicas.